Investigan a intendentes de La Pampa por trata de personas

Los actuales alcaldes de Lonquimay, Macachín y 25 de Mayo, y la ex jefa comunal de General Acha están acusados de proteger prostíbulos.

Cuatro intendentes de La Pampa son investigados por la Justicia por su presunta participación en el delito de “trata de personas”. Según consta en la investigación judicial desde su lugar de funcionarios públicos habrían dado carácter legal a locales nocturnos donde casi todos sabían que se ejercía la prostitución. Fuentes judiciales consultadas aseguraron a PERFIL, que uno de ellos está procesado y otro tiene una condena por una acusación similar.
Luis Rogers, jefe comunal del partido de Lonquimay; Jorge Cabak, de Macachín; David Bravo, de Colonia 25 de Mayo, y María Elena García, de General Acha, son los alcaldes que están en la mira de la Justicia. La jueza federal Iara Silvestre procesó a Rogers como “partícipe necesario en el delito de trata de persona” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, le tomó indagatoria a Cabak y aún debe resolver su situación. Ayer estaba pautado que se le tomara declaración a Bravo, pero su abogado presentó un escrito y se pospuso la audiencia para el 2 de octubre. Mientras que la única mujer de esta nómina fue absuelta por la magistrada, aunque el fiscal Juan Baric apeló y aún no quedó desligada de la causa.
PERFIL intentó comunicarse con los acusados pero García y Bravo no respondieron los llamados, mientras que Cabak y Rogers prefirieron “no hablar del tema” porque “ya lo hicieron ante la Justicia”.
La causa más avanzada es la de Rogers. “Para esta resolución consideré que, si bien el local estaba habilitado conforme a la legislación municipalidad vigente, él conocía que allí había mujeres sometidas a la prostitución y, a pesar de ese conocimiento, no arbitró los medios necesarios para procurar la clausura, revocar la habilitación y denunciar esta situación”, explica la jueza a este diario. Lo mismo corre para el resto de los intendentes que están siendo investigados.

Fuera de control. En 1937 se sancionó la Ley 12.331 que prohibió la habilitación de prostíbulos. Sin embargo, estos lugares, donde se ejercía la prostitución, siguieron funcionando bajo el nombre de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o resto-bar. En 2008 en La Pampa había 35 locales.
“Para entonces era alarmante la cantidad de mujeres explotadas que había, por eso promovimos una ordenanza para cerrar los prostíbulos. El resto de las localidades empezaron a sumarse a esta medida”, explicó a PERFIL Mónica Molina, quien entonces era subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa. Se estableció el plazo de un año para que cada municipio regularizara esta situación. 
"Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría para gente que busca tener un rato de esparcimiento”, dijo por entonces Rogers a Radio Noticias -según publicó el diario La Arena-, en contraposición a la medida. En este municipio funcionaba Good Night, una whiskería ubicada a la vera de la Ruta 5, y en octubre de 2009 una joven santiagueña denunció que había sido secuestrada y obligada a prostituirse.
Bravo es el alcalde de Colonia 25 de Mayo y en su historial judicial figura una condena a siete meses por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de las irregularidades detectadas en la habilitación del cabaret El Rancho. La sentencia no está firme porque su abogado defensor apeló la decisión. Ahora el fiscal Baric lo investiga por habilitar otro local con similares caraterísticas: Venus.
En agosto de 2011, el tucumano Raúl Lobo denunció que su mujer era obligada a ejercer la prostitución en el cabaret La Chicho Show, en la localidad de Macachín. Ese local habría sido habilitado por el intendente Cabak. En General Acha, y durante la gestión de García (renunció en noviembre de 2011), funcionaba El Delfín, un prostíbulo que fue allanado el 8 de noviembre de 2011. Allí rescataron a dos mujeres. El fiscal apeló la resolución que sobreseyó a García porque consideró que “es descabellado pensar que no sabía lo que sucedía porque, al igual que el caso de Cabak, son localidades muy chicas y todo el pueblo sabía que en esos lugares se buscaban chicas para tener sexo”, explicaron desde su entorno.
“Macachín –describe Molina– es una localidad próspera por sus harineros y salinas. Además es cercana a las rutas que conducen a Buenos Aires y culminan en la costa. Justamente se comprobó que los tratantes tenían comercios en ciudades balnearias. Si la Justicia se comprometiera como se hizo en La Pampa sería infinita la cantidad de intendentes que deberían ser juzgados”

LA PISTA DE MARITA VERÓN 

Hasta La Pampa llegó Susana Trimarco desde Tucumán buscando a su hija Marita Verón, desaparecida en 2002. Es que una víctima de trata había dicho que compartió cautiverio con la joven en La Chicho Show, el prostíbulo de la localidad de Macachín. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: no encontraron rastros de Marita. Según denunció Trimarco, el dueño del prostíbulo habría retenido por unos meses a Marita en ese lugar, aunque la Justicia nunca pudo confirmar esta versión. Lo cierto es que la jueza federal Iara Silvestre procesó por el delito de trata de personas al propietario del lugar, a su aparente socio, a un ex concejal del Partido Justicialista, a un remisero que se ocupaba del traslado de las víctimas, a un hombre que “regenteaba” el trabajo de algunas mujeres y su hijo, en este caso como partícipe necesario. “Geográficamente La Pampa se puede considerar un lugar de paso por las rutas que unen el sur con el norte y viceversa, pero los hechos han demostrado que es un lugar de estadía”, explicó la magistrada a PERFIL. “Durante muchos años existieron ordenanzas municipales que autorizaban el funcionamiento de locales nocturnos a pesar de que estaba vigente la Ley 12.331 que prohíbe las casas de tolerancia en la Argentina, pero era una ley que había caído en desuetudo (que no se usa más). La provincia ahora se ha adecuado a la legislación nacional y los tratados internacionales, pero creer que con esta adecuación ha desaparecido este delito es lo peor que podemos hacer”.

Publicado en Diario Perfil.

Indemnizan con US$ 100 mil a cinco menores condenados a cadena perpetua

Cometieron los delitos cuando tenían menos de 18 años, pero fueron penados como mayores. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado violó los derechos de la infancia. 

Crédito: Cedoc Perfil.

El Estado nacional deberá indemnizar con 102.693 dólares, más de un millón de pesos al cambio oficial, a cinco jóvenes que fueron condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado argentino “internacionalmente responsable” por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ellos en mayo de 2013, y el jueves pasado la presidenta Cristina Fernández publicó en el Boletín Oficial un decreto que anunciaba el pago del dinero.

César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Roldán Cajal y Ricardo Videla Fernández fueron condenados a la pena máxima entre 1997 y 2002. Pero se trata de una pena que la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución argentina en 1994) prohíbe que sea aplicada a menores de edad. Estas sentencias fueron apeladas por los abogados defensores, pero ninguna de las entidades avaló el pedido de “inconstitucionalidad” de la condena. De modo que los abogados Stella Maris Martínez y Fernando Peñaloza recurrieron al organismo internacional. La CIDH (que trabaja sobre otros siete casos) se expidió a favor de los jóvenes el 14 de mayo de 2013, por considerar que esa pena “no cumple con la finalidad de la reintegración social de los niños”.
El final de esta cuestión llegó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1455/2014, que dispone “el pago en efectivo” de la sentencia dictada por la CIDH de “102.693 dólares como indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso”.

Casos. César Mendoza pasó 16 años preso. Esa misma edad tenía cuando fue detenido acusado de haber matado a un policía. “Cuando era chico iba a fútbol y natación, pero después me junté con chicos que no hacían las cosas bien y me metí. Ellos tenían plata siempre, eran conocidos y yo también quería ser popular”, recuerda esos años oscuros en diálogo con PERFIL. “Estuve tres años haciendo esas cosas malas y me salió mal”.
El próximo lunes cumple dos años en libertad y 11 meses desde que está trabajando como albañil. “Estoy arrepentido de todo lo que hice, pero en ese momento estaba como muerto en vida porque no me importaba nada de lo que pasaba. Nada. Pero cuando recuperé la libertad volví a nacer”, asegura.

En la madrugada del 21 de enero de 1997, Lucas Mendoza (que no es pariente de César) fue detenido en Fuerte Apache luego de cometer dos homicidios en un raid delictivo. Tenía 16 años. En 2009 escapó del penal de Ezeiza en una fuga que puso en la mira a los guardias del Servicio Penitenciario Federal, porque Mendoza se fue corriendo en el momento en que estaba llevando una carretilla cargada de basura del corral de cerdos que limpiaba como parte de un taller. Lo curioso es que estaba casi ciego por un desprendimiento de retina que había sufrido producto de un golpe. Un año después fue recapturado, y por su ceguera, más tarde, beneficiado con prisión domiciliaria. “Me resulta difícil explicar con palabras lo que siento, lo que pienso. Hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada”, escribió en una carta en mayo de 2011. Quedó en libertad dos años después.

En Fuerte Apache también fue detenido Claudio Núñez, que vivía en otra de las torres del complejo habitacional. Con 17 años, tenía sobre su espalda el peso de cuatro asesinatos en ocasión de robo y el de su propio padre cuando lo descubrió violando a una de sus hermanas. “Con Claudio salimos un sábado a las 17 del penal de General Pico. Había sol. Caminamos, nos compramos una gaseosa, fuimos de shopping, tomamos helado. Estaba en libertad”, recuerda César Mendoza. “Hoy pido perdón por lo que hice y agradezco haber tenido la suerte de poder cambiar”.

Cristian Roldán Cajal fue el último menor de Argentina que fue condenado a perpetua por un homicidio cometido en Mendoza. Su condena fue modificada tras un “recurso de revisión” por una pena de 15 años, pero a fines del año pasado fue nuevamente condenado a perpetua acusado de haber matado a un interno dentro de un penal. El último caso es el de Ricardo Videla Fernández, que apareció ahorcado con un cinturón en su celda, el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años y su familia no cree en la versión del suicidio (ver aparte). Había sido condenado por la Justicia mendocina por matar a un repartidor y un remisero. Escapaba de distintos institutos de menores, pero al poco tiempo volvía a caer. A pesar de que falleció hace nueve años, su familia recibirá la indemnización.

LA EXTRAÑA MUERTE DE UNO DE LOS ACUSADOS 

El caso de Ricardo Videla fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en 2005 apareció sin vida, con un cinturón en el cuello, en una celda del módulo 11 de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Uno de los peritos determinó que el joven, de entonces 20 años, no se colgó ni fue colgado sino que fue ahorcado desde atrás. “Deseo que me digan que lo mataron, que él no se mató. Sé que no lo hizo. Aunque el único testigo que tengo es Dios. Pedí que se investigue porque un médico asegura que murió por asfixia”, dijo la madre de Videla, Stella Maris Fernández, al Diario Universal de México. La CIDH pidió reabrir la causa por esta muerte, que ya estaba archivada.
“Todos los recuerdos que tengo de él nunca se me van a olvidar. Cada vez que lo iba a ver estaba con su sonrisa y su fuerza, y no quería demostrarme nada malo. Siempre luchó para salir con vida de ahí adentro”. Stella Maris tuvo seis hijos: tres, con Ricardo, fallecieron. Uno fue ejecutado en la calle por un ajuste de cuentas, y otro murió acuchillado dentro de un penal.

Publicado en Diario Perfil