Investigan a intendentes de La Pampa por trata de personas

Los actuales alcaldes de Lonquimay, Macachín y 25 de Mayo, y la ex jefa comunal de General Acha están acusados de proteger prostíbulos.

Cuatro intendentes de La Pampa son investigados por la Justicia por su presunta participación en el delito de “trata de personas”. Según consta en la investigación judicial desde su lugar de funcionarios públicos habrían dado carácter legal a locales nocturnos donde casi todos sabían que se ejercía la prostitución. Fuentes judiciales consultadas aseguraron a PERFIL, que uno de ellos está procesado y otro tiene una condena por una acusación similar.
Luis Rogers, jefe comunal del partido de Lonquimay; Jorge Cabak, de Macachín; David Bravo, de Colonia 25 de Mayo, y María Elena García, de General Acha, son los alcaldes que están en la mira de la Justicia. La jueza federal Iara Silvestre procesó a Rogers como “partícipe necesario en el delito de trata de persona” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, le tomó indagatoria a Cabak y aún debe resolver su situación. Ayer estaba pautado que se le tomara declaración a Bravo, pero su abogado presentó un escrito y se pospuso la audiencia para el 2 de octubre. Mientras que la única mujer de esta nómina fue absuelta por la magistrada, aunque el fiscal Juan Baric apeló y aún no quedó desligada de la causa.
PERFIL intentó comunicarse con los acusados pero García y Bravo no respondieron los llamados, mientras que Cabak y Rogers prefirieron “no hablar del tema” porque “ya lo hicieron ante la Justicia”.
La causa más avanzada es la de Rogers. “Para esta resolución consideré que, si bien el local estaba habilitado conforme a la legislación municipalidad vigente, él conocía que allí había mujeres sometidas a la prostitución y, a pesar de ese conocimiento, no arbitró los medios necesarios para procurar la clausura, revocar la habilitación y denunciar esta situación”, explica la jueza a este diario. Lo mismo corre para el resto de los intendentes que están siendo investigados.

Fuera de control. En 1937 se sancionó la Ley 12.331 que prohibió la habilitación de prostíbulos. Sin embargo, estos lugares, donde se ejercía la prostitución, siguieron funcionando bajo el nombre de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o resto-bar. En 2008 en La Pampa había 35 locales.
“Para entonces era alarmante la cantidad de mujeres explotadas que había, por eso promovimos una ordenanza para cerrar los prostíbulos. El resto de las localidades empezaron a sumarse a esta medida”, explicó a PERFIL Mónica Molina, quien entonces era subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa. Se estableció el plazo de un año para que cada municipio regularizara esta situación. 
"Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría para gente que busca tener un rato de esparcimiento”, dijo por entonces Rogers a Radio Noticias -según publicó el diario La Arena-, en contraposición a la medida. En este municipio funcionaba Good Night, una whiskería ubicada a la vera de la Ruta 5, y en octubre de 2009 una joven santiagueña denunció que había sido secuestrada y obligada a prostituirse.
Bravo es el alcalde de Colonia 25 de Mayo y en su historial judicial figura una condena a siete meses por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de las irregularidades detectadas en la habilitación del cabaret El Rancho. La sentencia no está firme porque su abogado defensor apeló la decisión. Ahora el fiscal Baric lo investiga por habilitar otro local con similares caraterísticas: Venus.
En agosto de 2011, el tucumano Raúl Lobo denunció que su mujer era obligada a ejercer la prostitución en el cabaret La Chicho Show, en la localidad de Macachín. Ese local habría sido habilitado por el intendente Cabak. En General Acha, y durante la gestión de García (renunció en noviembre de 2011), funcionaba El Delfín, un prostíbulo que fue allanado el 8 de noviembre de 2011. Allí rescataron a dos mujeres. El fiscal apeló la resolución que sobreseyó a García porque consideró que “es descabellado pensar que no sabía lo que sucedía porque, al igual que el caso de Cabak, son localidades muy chicas y todo el pueblo sabía que en esos lugares se buscaban chicas para tener sexo”, explicaron desde su entorno.
“Macachín –describe Molina– es una localidad próspera por sus harineros y salinas. Además es cercana a las rutas que conducen a Buenos Aires y culminan en la costa. Justamente se comprobó que los tratantes tenían comercios en ciudades balnearias. Si la Justicia se comprometiera como se hizo en La Pampa sería infinita la cantidad de intendentes que deberían ser juzgados”

LA PISTA DE MARITA VERÓN 

Hasta La Pampa llegó Susana Trimarco desde Tucumán buscando a su hija Marita Verón, desaparecida en 2002. Es que una víctima de trata había dicho que compartió cautiverio con la joven en La Chicho Show, el prostíbulo de la localidad de Macachín. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: no encontraron rastros de Marita. Según denunció Trimarco, el dueño del prostíbulo habría retenido por unos meses a Marita en ese lugar, aunque la Justicia nunca pudo confirmar esta versión. Lo cierto es que la jueza federal Iara Silvestre procesó por el delito de trata de personas al propietario del lugar, a su aparente socio, a un ex concejal del Partido Justicialista, a un remisero que se ocupaba del traslado de las víctimas, a un hombre que “regenteaba” el trabajo de algunas mujeres y su hijo, en este caso como partícipe necesario. “Geográficamente La Pampa se puede considerar un lugar de paso por las rutas que unen el sur con el norte y viceversa, pero los hechos han demostrado que es un lugar de estadía”, explicó la magistrada a PERFIL. “Durante muchos años existieron ordenanzas municipales que autorizaban el funcionamiento de locales nocturnos a pesar de que estaba vigente la Ley 12.331 que prohíbe las casas de tolerancia en la Argentina, pero era una ley que había caído en desuetudo (que no se usa más). La provincia ahora se ha adecuado a la legislación nacional y los tratados internacionales, pero creer que con esta adecuación ha desaparecido este delito es lo peor que podemos hacer”.

Publicado en Diario Perfil.

Indemnizan con US$ 100 mil a cinco menores condenados a cadena perpetua

Cometieron los delitos cuando tenían menos de 18 años, pero fueron penados como mayores. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado violó los derechos de la infancia. 

Crédito: Cedoc Perfil.

El Estado nacional deberá indemnizar con 102.693 dólares, más de un millón de pesos al cambio oficial, a cinco jóvenes que fueron condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado argentino “internacionalmente responsable” por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ellos en mayo de 2013, y el jueves pasado la presidenta Cristina Fernández publicó en el Boletín Oficial un decreto que anunciaba el pago del dinero.

César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Roldán Cajal y Ricardo Videla Fernández fueron condenados a la pena máxima entre 1997 y 2002. Pero se trata de una pena que la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución argentina en 1994) prohíbe que sea aplicada a menores de edad. Estas sentencias fueron apeladas por los abogados defensores, pero ninguna de las entidades avaló el pedido de “inconstitucionalidad” de la condena. De modo que los abogados Stella Maris Martínez y Fernando Peñaloza recurrieron al organismo internacional. La CIDH (que trabaja sobre otros siete casos) se expidió a favor de los jóvenes el 14 de mayo de 2013, por considerar que esa pena “no cumple con la finalidad de la reintegración social de los niños”.
El final de esta cuestión llegó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1455/2014, que dispone “el pago en efectivo” de la sentencia dictada por la CIDH de “102.693 dólares como indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso”.

Casos. César Mendoza pasó 16 años preso. Esa misma edad tenía cuando fue detenido acusado de haber matado a un policía. “Cuando era chico iba a fútbol y natación, pero después me junté con chicos que no hacían las cosas bien y me metí. Ellos tenían plata siempre, eran conocidos y yo también quería ser popular”, recuerda esos años oscuros en diálogo con PERFIL. “Estuve tres años haciendo esas cosas malas y me salió mal”.
El próximo lunes cumple dos años en libertad y 11 meses desde que está trabajando como albañil. “Estoy arrepentido de todo lo que hice, pero en ese momento estaba como muerto en vida porque no me importaba nada de lo que pasaba. Nada. Pero cuando recuperé la libertad volví a nacer”, asegura.

En la madrugada del 21 de enero de 1997, Lucas Mendoza (que no es pariente de César) fue detenido en Fuerte Apache luego de cometer dos homicidios en un raid delictivo. Tenía 16 años. En 2009 escapó del penal de Ezeiza en una fuga que puso en la mira a los guardias del Servicio Penitenciario Federal, porque Mendoza se fue corriendo en el momento en que estaba llevando una carretilla cargada de basura del corral de cerdos que limpiaba como parte de un taller. Lo curioso es que estaba casi ciego por un desprendimiento de retina que había sufrido producto de un golpe. Un año después fue recapturado, y por su ceguera, más tarde, beneficiado con prisión domiciliaria. “Me resulta difícil explicar con palabras lo que siento, lo que pienso. Hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada”, escribió en una carta en mayo de 2011. Quedó en libertad dos años después.

En Fuerte Apache también fue detenido Claudio Núñez, que vivía en otra de las torres del complejo habitacional. Con 17 años, tenía sobre su espalda el peso de cuatro asesinatos en ocasión de robo y el de su propio padre cuando lo descubrió violando a una de sus hermanas. “Con Claudio salimos un sábado a las 17 del penal de General Pico. Había sol. Caminamos, nos compramos una gaseosa, fuimos de shopping, tomamos helado. Estaba en libertad”, recuerda César Mendoza. “Hoy pido perdón por lo que hice y agradezco haber tenido la suerte de poder cambiar”.

Cristian Roldán Cajal fue el último menor de Argentina que fue condenado a perpetua por un homicidio cometido en Mendoza. Su condena fue modificada tras un “recurso de revisión” por una pena de 15 años, pero a fines del año pasado fue nuevamente condenado a perpetua acusado de haber matado a un interno dentro de un penal. El último caso es el de Ricardo Videla Fernández, que apareció ahorcado con un cinturón en su celda, el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años y su familia no cree en la versión del suicidio (ver aparte). Había sido condenado por la Justicia mendocina por matar a un repartidor y un remisero. Escapaba de distintos institutos de menores, pero al poco tiempo volvía a caer. A pesar de que falleció hace nueve años, su familia recibirá la indemnización.

LA EXTRAÑA MUERTE DE UNO DE LOS ACUSADOS 

El caso de Ricardo Videla fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en 2005 apareció sin vida, con un cinturón en el cuello, en una celda del módulo 11 de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Uno de los peritos determinó que el joven, de entonces 20 años, no se colgó ni fue colgado sino que fue ahorcado desde atrás. “Deseo que me digan que lo mataron, que él no se mató. Sé que no lo hizo. Aunque el único testigo que tengo es Dios. Pedí que se investigue porque un médico asegura que murió por asfixia”, dijo la madre de Videla, Stella Maris Fernández, al Diario Universal de México. La CIDH pidió reabrir la causa por esta muerte, que ya estaba archivada.
“Todos los recuerdos que tengo de él nunca se me van a olvidar. Cada vez que lo iba a ver estaba con su sonrisa y su fuerza, y no quería demostrarme nada malo. Siempre luchó para salir con vida de ahí adentro”. Stella Maris tuvo seis hijos: tres, con Ricardo, fallecieron. Uno fue ejecutado en la calle por un ajuste de cuentas, y otro murió acuchillado dentro de un penal.

Publicado en Diario Perfil

Sonia Molina: "Si quedan libres no me sentiré segura en ningún lado"

La mujer que habría sido torturada por la periodista Estefanía Heit y el pastor Jesús Olivera asegura estar preparada para enfrentarlos.

Sonia Molina está expectante por el comienzo del juicio contra el pastor y la periodista de Coronel Suárez acusados de haberla mantenido en cautiverio durante tres meses, de maltratarla y hasta de abusar sexualmente de ella en reiteradas ocasiones. “Ellos van a querer quedar en libertad, pero mi meta es que eso no ocurra. Estoy preparada para escuchar que me denigren”, dice tajantemente la mujer, quien asegura que todavía la persigue el perfume de sus supuestos captores.
A partir de mañana, la periodista Estefanía Heit y su marido, el pastor Jesús Olivera, estarán sentados en el banquillo de los acusados y se reencontrarán con Sonia Molina. La mujer oriunda de Río Colorado viajará hoy con destino a Bahía Blanca para volver a estar cara a cara con sus supuestos captores en los tribunales de esa ciudad. “Necesito que se realice este juicio para ponerle fin a esta historia y retomar mi vida”, se sincera en una entrevista exclusiva con PERFIL. Siente que aún no pudo recuperar su vida; apenas trabaja, y todavía no sale sola de su casa.

“Yo tengo en mi mente todo lo que me hicieron. No necesito repasar lo vivido porque todavía sueño con cada una de las cosas que me pasaron y todos los días siento que me persigue el aroma de sus perfumes”, describe desde su casa, donde vive con su mamá.
—¿Cómo se prepara para el inicio del juicio?
—Intento estar con los pies sobre la tierra y lo más tranquila posible. Sé que van a decir un montón de cosas y que me van a desacreditar, pero yo voy a ir con la verdad, la que puedo repetir todas las veces que me lo pidan. Ellos van a querer, como es lógico, quedar en libertad, pero mi meta es que no sea así.
—¿Está preparada para volver a estar frente a ellos?
—Creo que sí, pero no sé cómo voy a reaccionar cuando los vea. Va a ser chocante estar de nuevo tan cerca, y seguramente me va a retrotraer a todo lo que pasó. Me va a generar una mezcla de sensaciones, no sólo verlos a ellos sino también regresar a Bahía, donde estuve internada. También tengo claro que ellos tratarán de denigrarme de la mejor manera para terminar bien parados, pero yo me preparé para escuchar lo peor que tienen pensado declarar sobre mi persona. Igual, lo malo que me puede pasar es que queden libres.
—En la entrevista que la pareja le dio a PERFIL, aseguran que fue una causa armada por una investigación que Heit estaba haciendo sobre supuestos vínculos entre el entonces intendente Ricardo Moccero y el narcotráfico, y la acusan de mentir en su denuncia. ¿Qué piensa al respecto?
—Lo que tengo claro es que de mi parte no hay nada armado, porque ellos me iban a mutilar y logré escapar antes. Sí es cierto que Estefanía hablaba del intendente, sus investigaciones y los supuestos vínculos con el narcotráfico y la ONG Visión XXI (N. de R.: organizada entre Olivera, Heit y Molina con la intención de instalar una sucursal en la ciudad natal de la víctima); teníamos la intención de terminar con las mafias y las injusticias. Pero ellos se contradicen desde el momento
en que, teniendo una asociación que iba en contra de lo ilegal, me hicieron todo esto a mí.
—¿Les tiene miedo?
—El miedo extremo lo tuve durante los tres meses que estuve cautiva en Suárez, aunque estoy convencida de que ellos no actúan solos. Por eso, las pocas veces que salgo tomo precauciones. Siento que en cualquier momento pueden tomar represalias en mi contra, ellos mismos o su gente. Obviamente me genera mayor temor Olivera porque fue el que me atacó durante el cautiverio, pero los dos actúan con la misma perversidad. Los dos son uno.
—¿Sabe que una de las posibilidades es que Heit y Olivera queden en libertad?...
—Estoy preparada para todo. Si quedan libres, se va a multiplicar el temor que les siento y mi vida comenzará a ser terrorífica. Hoy por hoy aún les tengo miedo, estando ellos presos; imagínese si llegan a quedar libres. Estuvieron a punto de matarme y ahora lo podrían llevar a cabo. Si salen de la cárcel, no voy a poder escapar de ellos y no me sentiré segura en ningún lado.
—¿Que pasará después del juicio?
—Tengo un montón de cosas por resolver, como las demandas penales por la venta de una casa dos veces. Además, sueño con tener un hogar para recuperar la tenencia de mi hija. Pasó un año y medio de todo esto y todavía no pude recuperar mi vida social: sigo encerrada en mi casa porque tengo miedo, y no logré recuperarme físicamente. Más allá de las limitaciones que me quedaron en el cuerpo, me va a llevar más tiempo pensar en metas a futuro. Empecé por aceptar que no voy a volver a ser la persona que fui por los golpes que recibí, pero trato de ser realista y positiva para poder seguir. El final del juicio será el comienzo de una nueva vida.
—¿Está conforme con la investigación?
—No, porque creo que hay mucha gente detrás de ellos y no se investigó todo lo que aporté. Si Heit y Olivera quedan libres, la Justicia no es buena.

Fuente: Diario Perfil 

Estefanía Heit dice que "no pretende" que la gente le crea

La periodista está presa por el secuestro y abuso de una mujer. Sueña con su libertad.

Los dedos de ellos están entrelazados y sólo liberan las manos para agarrar parte del expediente marcado con resaltador que reposa sobre la mesa. La periodista Estefanía Heit y el pastor Jesús Olivera se defienden en el interior de la cárcel que los une. “No pretendo que la gente nos crea”, asegura ella, que habla por primera vez después del escándalo que provocó el presunto secuestro y abuso que sufrió Sonia Molina en una casa de Coronel Suárez.
Según Estefanía, la víctima es una impostora que “mintió”, y en eso radica su sueño por recuperar la libertad cuando termine el juicio que comenzará en el mes de mayo.
La periodista está alojada en el “sector viejo” de la unidad penitenciaria de Villa Floresta, en Bahía Blanca, y comparte celda con una ex policía. Olivera se encuentra en el complejo nuevo, destinado a los varones. Allí fue trasladado desde el penal de Saavedra por pedido de sus abogados Claudio Lofvall y Leonardo Gómez Talamoni. El régimen les permite encontrarse tres días por semana desde las 8 de la mañana hasta las 16.
Heit recibe a PERFIL en una pequeña oficina que no tiene aspecto de cárcel. Su marido la acompaña. No le saca la mirada y asiente con la cabeza cada una de las afirmaciones de su mujer. “Nosotros no pretendemos que la gente nos crea porque con la gran cantidad de cosas que se dijeron de nosotros es muy difícil revertir esa situación. Lo que sí pretendemos es que las cosas que se hicieron mal se paguen como corresponde. Como la Justicia lo hizo con nosotros, que lo haga con la fiscal (por María Marta Corrado), el intendente (Ricardo Moccero) y Sonia Molina, por las mentiras que dijo”, dice la periodista que, antes de ser detenida, conducía el noticiero central del canal de cable de Coronel Suárez.
Heit está presa al igual que su pareja a partir de la denuncia que realizó Molina, en noviembre de 2012. La mujer detalló que permaneció tres meses secuestrada por el matrimonio y que logró escapar de la “casa del horror” gracias a un descuido de Olivera, su supuesto cuidador, quien la maltrataba, violaba y obligaba a comer comida para perros.
Heit recordó que el vínculo que los unía con Molina era el objetivo que tenían en la ONG Visión XXI y el hecho de “compartir principios evangélicos”. Supuestamente tenían pensado crear una sucursal de la asociación cerca de la casa de Sonia, en Río Colorado. Por eso se reunían en Suárez.
Sin embargo, todo cambió a partir de la huida de Molina, en medio de un perverso cautiverio en la casa de la pareja. “Ella sale a la calle y nadie la cuestiona, y eso es una gran ventaja porque le da la potestad de hacer lo que quiera. La gente, la fiscal y los medios la santificaron tanto que ella se cree indestructible. A nosotros nos pasearon por la ciudad como si hubiesen capturado a los monstruos del mundo”, dice Heit a PERFIL. “Pero nosotros –agrega– no tenemos derecho ni a querernos porque se nos cuestiona que yo lo ame y que él me ame y eso que somos un matrimonio consolidado hace cuatro años pese a todo”.
—¿Por qué razón Molina denunciaría todas esas aberraciones si no existieron?
Olivera: Nosotros no sabemos cuál fue el objetivo, pero tenemos miles de hipótesis. La más fuerte es que después de que la Policía la detiene en la ruta para decirle que tiene una denuncia en su provincia, por estafa, ya que vendió dos veces una propiedad, en su contra, ¡oh, casualidad!, le pasa todo. Ella pidió que nos saquen plata.
—¿Piensan volver a Coronel Suárez si la Justicia resuelve que son inocentes?
Heit: Nosotros vamos a volver para recuperar a nuestros perros, porque eran nuestra familia. Nosotros no teníamos hijos por elección, pero teníamos cinco perros que estaban en perfectas condiciones. Igual, no pensamos qué vamos a hacer en el futuro, sino que tratamos de vivir el día a día y superar esta situación minuto a minuto, la cual nos destruye completamente. Nos han humillado.
En la entrevista, Estefanía se muestra como víctima y asegura creer en la Justicia. “Creemos en la Justicia porque nunca dejamos de creer en Dios. Creemos más en la justicia divina que en la del hombre, pero esperamos que evidencien todas estas cosas en el marco del juicio. Que todos se hagan cargo de las cosas porque nosotros nos tuvimos que hacer cargo de hechos que nunca hicimos. Yo creo que vamos a salir en libertad, estoy esperanzada en eso”, dice ella sin soltar la mano de su marido. Segundos después se despiden. Cada uno regresa a su celda y a su rutina
en la cárcel, donde las horas pasan más lentas.

El cura Ilarraz asegura que quisieron "crear la imagen de un monstruo"

Acusado en la Justicia de corrupción de menores, el sacerdote accedió por primera vez a romper su silencio. Dice que fue víctima de un complot y que “el móvil tiene otros intereses”.

La curia de Entre Ríos se vio envuelta en un escándalo cuando una publicación periodística local denunció que, entre los años 1984 y 1992, el cura Justo José Ilarraz (61) habría abusado de unos cincuenta aspirantes a sacerdotes que estaban a su cargo en el Seminario Arquidiocesano de Paraná. En octubre de 2012 se formalizaron siete denuncias en su contra en donde las supuestas víctimas, de entre 13 y 15 años, relataron escenas escalofriantes: “se metía en mi cama”; “me acariciaba”, “me masturbaba”, “nos hacía bañar con él”.
La Justicia lo acusó por el delito de “corrupción de menores agravada por su condición de educador”. Por primera vez desde que estalló el escándalo, Ilarraz decidió dar su versión. Lo hizo por escrito. Y con PERFIL.
El sacerdote respondió una serie de preguntas –pero no todas– que este medio le envió a la casilla de correo de su abogado defensor, Jorge Muñoz, luego de varios meses de gestión. Entre otras cosas aseguró que es “inocente” y redujo el accionar de los siete seminaristas que lo acusaron a “un complot” en su contra con fines “económicos”. Además, entendió que crearon “la figura de un monstruo” y aclaró que “no caminó desnudo” por los pasillos del seminario.
“No quiero acoso periodístico”, le advirtió a su abogado. Sin embargo, y después de varios meses de insistencia, Ilarraz accedió a contestar las preguntas de PERFIL junto a su defensor. “Cuando se realiza una acusación, puede haber una multiplicidad de facetas o intereses para realizarla. Puede moverlos el odio, la venganza o los intereses económicos, entre otros”, analiza Ilarraz desde Tucumán, su lugar de residencia desde 1997.
—¿Se siente responsable de algo?
—Es tremendo lo que armaron estos tipos. Desde que el seminario era un campo de concentración, que comían comida en mal estado, que no tenían libertad, que había todo tipo de práctica personal y comunitaria de abusos repetidos y corrupción a cielo abierto. Es impensable que alguien pueda creer en algo de todo esto, y que haya habido tanta impunidad. Fui reconocido y apreciado por muchísimos seminaristas en los años vividos en el seminario como en los posteriores a mi partida del mismo. El perfil de un pedófilo, dice la ciencia, se lo reconoce en sus hechos y perdura en el tiempo. O sea, no se cura.
—¿Qué piensa del abuso sexual a menores en manos de un sacerdote?
—Cualquier tipo de abuso es una aberración. Pero mucho más cuando hablamos de menores y más aún cuando nos referimos a un educador o a un religioso. Ninguno, en sus cabales normales, podrá decir una cosa contraria. Es un delito aberrante.
—¿Los seminaristas, cuando estaban bajo su supervisión, acostumbraban ingresar a su cuarto?
—Todos los sacerdotes del seminario teníamos dos habitaciones, un escritorio y un dormitorio. Eso quedó muy claro en el testimonio de todos los que pasaron. O sea que el sitio adonde ellos iban era al escritorio donde se hacían reuniones organizativas, lugar donde encontraban al sacerdote para cualquier tipo de consulta. Los denunciantes sitúan tanto este espacio como los dormitorios donde dormían los cincuenta seminaristas y también la batería de baños al final del pabellón. Hasta dijeron que me paseaba desnudo por dichos pabellones comunitarios. En el expediente quedó claro que ninguno de los treinta testigos me vio ni desnudo, ni en ropa interior, ni en ninguna situación extraña. Es una falacia decir todo esto y así querer crear la imagen de un monstruo, de un enfermo, que esperaba “los últimos cuatro o cinco que salían de la ducha para secarlos con la toallita”, como diría un denunciante.
—¿Es culpable o inocente?
—Me dijo una señora el año pasado: “padre usted no tiene que defender su inocencia. Son sus obras y sus años de servicio sacerdotal que atestiguan por usted”. Esta frase me llenó de consuelo y fortaleza. Me conocen hace casi 20 años por esta provincia, siempre cercano a la gente. Pero para que quede muy claro: soy inocente. Además desde el principio mis abogados se encargaron de repetirlo desde el primer momento. Ni la Justicia ha tenido pruebas para incriminarme; ni siquiera los casi treinta testigos que pasaron por el juzgado dijeron algo desfavorable. Por donde me muevo la gente me saluda, me abraza y comparte mi dolor.


Definen la prescripción

Los hechos por los que se lo acusa a Justo José Ilarraz tienen más de veinte años. Por eso, la defensa del sacerdote reclamó la prescripción de la causa. La Sala I de la Cámara del Crimen de Entre Ríos dio lugar al pedido, pero más tarde el Tribunal Superior rechazó esa resolución. Ahora debe ser evaluada nuevamente por otros jueces.
“Confiamos que la nueva sala (la II de la Cámara del Crimen, integrada por Marcela Davite, Ricardo Bonazzola y Marcela Badano) va a rechazar la prescripción y, por fin, esta causa podrá seguir su curso y ser tratada por la denuncia en concreto”, explicó a PERFIL Jorge García, procurador general del Superior Tribunal de Justicia.
García estima que en febrero se conocerá la resolución de la Cámara y si es favorable para los querellantes, el sacerdote será llamado a indagatoria. “Nosotros tenemos pensado llamar a todos los seminaristas que estuvieron bajo la supervisión de Ilarraz durante esos años. Tenemos cincuenta víctimas anotadas y las vamos a llamar”, aseguró.
El Superior Tribunal no opinó sobre la cuestión central de la prescripción, pero anuló la resolución de la Sala I de la Cámara Penal porque sólo emitió opinión sobre dos de las denuncias contra Ilarraz y dejó afuera las cinco restantes.
Publicado: Diario Perfil

Una familia argentina que creció al estilo Breaking Bad

Breaking Bad, la exitosísima serie estadounidense, tiene su versión real. Y es argentina. Una familia tipo santafesina disparó sus ingresos gracias a un emprendimiento “casero”: una cocina de drogas que presuntamente montó en una casa de un country de la localidad de Funes.

El supuesto cabecilla –que está detenido junto a su esposa y sus dos hijos– es un hombre que vivió sin deudas y con lo justo hasta que presuntamente decidió dedicarse al negocio del narcotráfico. Dueño de una remisería y oportunista. Así se describe Delfín David Zacarías. "Compro casas, las refacciono y las vendo. Entré a la remisería, ascendí a encargado y después me quedé como dueño", contó en alguna oportunidad sobre sí mismo. Bonachón, poeta y adinerado, lo recuerdan las crónicas periodísticas. "La cabeza de la cocina más grande detectada en Argentina". Así lo definió el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Este hombre de 48 años volvió a quedar tras las rejas (ya había cumplido una pena por narcotráfico) al caer el 5 de septiembre pasado en un megaoperativo que empezó en la provincia de Buenos Aires, cuando cargó en su camioneta bidones con acetona, y culminó en su casa en el Country Club de Funes. Pero no estaba solo. Su mujer, Sandra Inés Marín, es la encargada de la remisería “Frecuencia Urbana”, propiedad de la familia. Según declaran, esa empresa sería el motor de los logros económicos que alcanzaron: 24 vehículos, 36 propiedades y 13 cocheras a nombre de la familia. La relación entre Delfín y Sandra comenzó hace más de dos décadas, y juntos tuvieron a Joel (21) y Flavia (24).

La hija es una joven estudiante de una carrera terciaria administrativa y lleva los números de los negocios de su padre. Joel está practicando manejo de grúas para desempeñarse en la constructora de la familia. Hace más de un año inició una relación con Ruth, con quien tuvo una hija, y luego se separó.  Fernando Sirio, el abogado de la familia, dijo a PERFIL que está preocupado por la salud del joven (sufre fibrosis quística) porque desde su detención no puede realizar el tratamiento. En Breaking Bad, el hijo del protagonista también sufre una grave enfermedad.

A diferencia de lo que sucede en la serie, el fiscal del caso, Juan Murray, cree que los familiares de Zacarías forman parte de la organización. Habla de “una banda organizada para la producción y la comercialización de estupefacientes”, y explica que “gracias a la información recogida se llegó a establecer que Zacarías no era solamente un mayorista de sustancias estupefacientes, sino un productor”. Además, entiende que Sandra y Joel se encargaban del traslado de precursores químicos y la producción y la distribución de la droga. Flavia es mencionada como “la administradora” que lleva los papeles de la organización y abona las cuentas. Ruth sería informante y productora.

Pero los Zacarías no eligieron una casa rodante para montar la cocina de droga sino, por el contrario, una propiedad en medio del country. Allí se incautó una gran cantidad de droga, más recipientes con precursores químicos, una computadora, dinero, dos prensas hidráulicas y una balanza electrónica. En los distintos allanamientos se detuvo a 12 personas; cuatro recuperaron la libertad, pero al resto se les dictó la prisión preventiva y están detenidos en alcaldías, excepto por Ruth, que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria para amamantar a su pequeña hija.

Mató a su compañero después de acusar 20 años de bullying

Las puertas estaban abiertas, él estaba frente a la computadora. Yo en un bolsito tenía tres armas, saqué una y me la coloqué entre el pantalón y la oculté con la remera. Bajé del auto, golpeé la puerta y él salió diciendo: ‘Qué mierda te pasa’. Ahí tuve la reacción de defenderme y le tiré al brazo izquierdo. Después no me acuerdo nada más".

En el inicio del juicio en su contra, Adrián Molaro (24) describió el momento en el que mató a su ex compañero Alexis Céparo, al que acusa de hostigarlo y maltratarlo desde que iban juntos al jardín de infantes de la localidad entrerriana de Cerrito.

Adrián se reconoció víctima de bullying desde los 4 años pero aseguró que eligió no contárselo a sus familiares y amigos. “Al comienzo eran sólo golpes. Eramos muy chiquitos. Pero cuando crecimos, me escupía, me pegaba; él siempre fue más grande que yo. Al boliche no podía ir porque si me agarraban, me pegaban; en el colegio me empujaba, insultaba a mi familia. Nunca se lo conté a nadie porque no quería involucrar a nadie”, resumió Molaro. El 21 de enero de 2012 le disparó tres tiros. Alexis, de 22 años, murió. Y Adrián fue detenido después de estar veinte días prófugo.

Hace dos semanas comenzó el juicio. Unos treinta testigos describieron a los chicos con personalidades contrapuestas. Hablaron de Alexis como un chico popular entre sus pares, educado y carismático. Era fútbolista, disc jockey y conducía un programa de radio. Adrián era todo lo contrario. Siempre pasaba desapercibido. Era solitario, retraído y fanático de las armas.

El fiscal Rafael Cotorruelo sostuvo que el acusado “atacó a un chico indefenso”. La familia opina que lo asesinó porque “le tenía envidia”. Por su parte, el abogado defensor, Marciano Martínez, explicó que “el bullying es una relación de poder que se ejerce sobre uno, no contra muchos; por eso hay pocos testigos. Es una situación similar a la de la mujer golpeada. Es un joven que por su personalidad, es sujeta a ser víctima de abuso. A Molaro no lo conoce nadie porque siempre fue muy solitario”. Y se sinceró ante PERFIL: “Es un caso complejo”. Los peritos psicólogos concluyeron que Adrián padece un “daño psíquico” por una “vivencia de hostigamiento”.

El padre del acusado declaró en el juicio y recordó el trauma que significó para su hijo el viaje de egresados: “No quería ir a Bariloche. Le dijimos que fuera porque iba a ser su única oportunidad. Pero Adrián no quería porque los otros chicos lo molestaban. Cuando volvió, vino mal y con dolores de cabeza, sólo nos dijo que él ya nos había dicho que no quería ir a ese viaje”.

A un mes de la fuga, poco cambió en el penal de Ezeiza

A un mes de la espectacular fuga del penal de Ezeiza las cosas cambiaron poco. Más de la mitad de los presos siguen prófugos y los sistemas tecnológicos de seguridad todavía no fueron reparados. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) explicó que los insumos son “costosos y de difícil adquisición”. Lo que sí se modificó es el modo de trabajo: se agudizaron las requisas, los controles a las visitas son más minuciosos y se equipó al personal con elementos básicos de los que carecían.

El sistema carcelario se vio revolucionado cuando se conoció la noticia de la fuga de 13 internos de una cárcel de máxima seguridad. En la celda 22 del pabellón B, del módulo 3, cavaron un pozo de 40 por 22 centímetros. Los brasileños Thiago Ximenez y Renato Dutra Pereira fueron señalados como los ideólogos del plan de fuga. Conocedores de las deficiencias iniciaron la obra durante los festejos por el Día del Niño, y cuando los guardiacárceles y las autoridades estaban abocados a todos los eventos. El 19 de agosto a las 23 escaparon en medio de la oscuridad reinante. Se fueron por el boquete de un metro de largo, corrieron por el predio y cortaron cuatro tejidos de alambre. Las cámaras de seguridad y los sensores perimetrales no funcionaron. Nadie vio nada.

Desde el SPF, a cargo de Alejandro Marambio, informaron a PERFIL: “A la fecha los equipos de seguridad continúan sin funcionar. Esta información ya había sido adelantada al momento de producirse la evasión y se aclaró que los insumos para las reparaciones eran costosos y de difícil adquisición”. El encargado de aclarar este asunto fue el entonces jefe del SPF Víctor Hortel, quien al día siguiente de conocerse la noticia renunció a su cargo porque entendió que era el “máximo responsable” de la fuga. En una conferencia de prensa explicó que los sensores perimetrales no se activaron porque “estaban fuera de funcionamiento por la falta de mantenimiento y porque no se conseguían repuestos, que eran españoles”.

El SPF prefirió no referirse a las medidas de seguridad implementadas luego de la evasión. Al respecto dijeron que “por cuestiones sensibles a la seguridad del establecimiento, no se dará información”. PERFIL pudo saber que se agudizaron las requisas, las recorridas por turnos y que se incrementaron los patrullajes. “Antes hacíamos una recorrida en el pabellón por turno o no se hacía, pero ahora se recorre el lugar entre tres y cuatro veces por turno. Las requisas también se incrementaron”, destaca un guardiacárcel consultado por este diario. “Todavía no hubo modificaciones en los sistemas tecnológicos, pero se equipó al personal. Nos dieron una linterna de alto alcance, botas y pilotos para la lluvia. Elementos básicos con los que no contábamos antes. Hay más patrullajes por el predio y circulan cuatriciclos que antes no se veían”, reconoce.

Por su parte, los presos manifestaron sus quejas por la designación de Marambio, los cambios operativos en el penal y hablaron de políticas represivas en un comunicado de prensa que publicó el diario Tiempo Argentino: “Para los familiares que nos visitan implementaron como metodología requisas excesivas, innecesarias e inmorales, maltrato verbal, rotura de la mercadería que con mucho esfuerzo las familias intentan hacer llegar, prohibición de ingreso de artículos que hasta hace algunos días estaban autorizados”.

Hoy se cumplen 33 días de la fuga del penal y todavía hay siete prófugos que no fueron recapturados. Los internos del módulo 3 que no escaparon fueron trasladados al módulo de ingreso, y éstos reubicados en donde se produjo la fuga. Todo sigue funcionando, pero con algunos boquetes por tapar.

La inundación en el Hospital Español

“Se inundó el corazón del hospital, pero lo vamos a recuperar”. El brillo en los ojos de cada uno de los empleados del Hospital Español de La Plata refleja una mezcla de tristeza y convicción. Imaginan las pérdidas millonarias que significará la recuperación de las máquinas que quedaron bajo el agua, pero muestran su compromiso para poner en orden el lugar para que el edificio de más de setenta años de antigüedad vuelva a funcionar.

“No tuvimos víctimas porque era feriado, porque en el subsuelo siempre hay mucha gente en los consultorios. Rescatamos a un empleado que había quedado atrapado. El agua llegó al techo en poco tiempo”, contó a PERFIL una enfermera. Unos cien pacientes fueron derivados en medio de la lluvia, y la atención médica quedó suspendida.

Las marcas de un agua gris que los sorprendió en segundos decoran por completo las paredes del subsuelo del hospital sobre la calle 9 al 170. Todo está revuelto allí. El martes pasado alrededor de las 17 una correntada violenta llenó la parte baja donde se encuentran consultorios, el buffet, la cocina y las maquinarias de alta tecnología. Todo quedó bajo el agua y de repente se hizo de noche. El generador de electricidad, que también se encontraba en ese lugar, explotó. El caos comenzaba. “Nos sorprendió el agua y de inmediato tuvimos que implementar un plan y reunir un comité de crisis. Las personas que estaban en el subsuelo nadaron para salir porque el agua llegó al techo y empezamos a clasificar a los pacientes según el riesgo que corrían. Los bebés de neonatología y los internados en terapia intensiva fueron los primeros en ser derivados”, narra el director médico, Pedro Belloni. Según relató otro médico a PERFIL, fue el propio jefe de neonatología quien trasladó a los once bebés internados en el sector en su camioneta, en plena madrugada. Todos trabajaron en equipo.

Ecografía, tomografía, hemoterapia, medicina nuclear, dietoterapia son algunos de los servicios que se ofrecían en el subsuelo. Las bombas tardaron 36 horas en desagotar el agua que inundaba el subsuelo, y luego se pusieron a limpiar el lugar los médicos, enfermeros, paramédicos y personal auxiliar. Con barbijos, guantes, secadores y botas se pusieron en campaña para reacondicionar el sector.

Las cifras de las pérdidas económicas podría ascender a US$ 5 millones, arriesgan desde el hospital. “Pero todavía hay que evaluar, esperar que las máquinas se sequen y los técnicos vengan a analizarlas. Tenemos fe en que podremos recuperarlas”, se convence el subgerente del Español, Pablo Navajas, quien recorrió el subsuelo con PERFIL.

El plan es empezar con la atención en consultorios externos, en esta semana, y de a poco ir sumando espacios. “Los gallegos somos testarudos y positivos por eso creemos que en tres meses vamos a poder ser el centro de salud que éramos”, proyecta Navajas. “Estamos preparados para salir de la crisis”, concluyó.

"Vos vendé lo que sea", exigía el falso pastor a Sonia Molina

Con el pelo extremadamente lacio y un maletín oscuro llegó Jesús Olivera a Río Colorado a mediados de 2010. Se presentó como pastor y Sonia Molina lo hospedó en su casa en el barrio de Villa Mitre donde vivía con su hija de 10 años. “Con una gran oratoria, prolijo, pero extraño”, lo recuerdan quienes lo vieron por allí. Al parecer, el único objetivo de Olivera era recaudar dinero para la construcción de una supuesta iglesia. Sonia vendió todas sus pertenencias, “para ser mejor persona”.

“El le hizo vender todo: el auto, la moto, muebles y hasta su casa dos veces”, cuenta Ana María, su cuñada. “Le decía que si se desprendía de sus cosas y ayudaba a la iglesia que iba a construir en Coronel Suárez para los más necesitados ella iba a ser mejor persona, a ser alguien en la vida y que la iba a ayudar a cumplir su sueño de ser abogada”, explica.

La familia de Sonia no confiaba en Olivera y esto hizo que la mujer comenzara a alejarse de ellos. Hasta que se fue, supuestamente, a estudiar a La Pampa. Pero hace tres meses la fiscalía de Choele Choel ordenó la búsqueda de su paradero por una denuncia de estafa. Ella había vendido su casa a dos personas distintas. Ambos la denunciaron.

“Ella estaba muy apurada por vender porque se iba a ir de Río Colorado. A nosotros nos pareció una buena oportunidad. Nos pidió cincuenta mil pesos y al final la vendió a cuarenta. Le dimos en efectivo diez mil y el resto en cheques. Pero a los pocos días me pidió que le cambiásemos los cheques por la plata y lo hicimos”, cuenta Víctor Ansaldo a PERFIL. La venta se realizó en julio pasado y Víctor comenzó a acondicionarla. “Un día aparece un hombre llamado Santiago y nos dice que él había comprado la casa en mayo. Nos mostró la mitad de los papeles de la propiedad, el resto los teníamos nosotros”, explica. Ambos buscaban explicaciones por lo sucedido, pero en ese momento Sonia había desaparecido.

El lunes pasado se conoció lo ocurrido con ella: había estado secuestrada tres meses en la casa de la periodista Estefanía Heit y su pareja, el falso pastor Olivera, en Coronel Suárez. Allí fue víctima de todo tipo de abusos y maltratos. “Hoy es una víctima en Suárez, pero acá tiene pedido de captura. Sólo espero que se recupere y después solucione este problema”, ruega Víctor.

Hoy todos comprenden que esa venta ilegal se debió a la manipulación que ejercía Olivera sobre Sonia, quien la impulsaba a una búsqueda desesperada de efectivo. “Ella lo admiraba”, explicó su mamá Mónica. Y los mensajes de texto que se intercambiaba con Olivera, difundidos por el diario Río Negro, son una muestra de la presión psicológica que sufría. “No sé cómo pero juntá eso que vas a salir adelante. Vos vendé lo que sea”, le ordena Olivera.

Antes le habla del espíritu, la fortaleza y de la ayuda que él le quería dar para que progresara en la vida. “Lo teórico te lo voy a explicar más adelante con tu vida y tu testimonio. Vas a cambiar; vos sólo hacé caso. Nosotros verdaderamente queremos lo mejor y queremos ayudarte, no somos como los demás pastores”. Además le consulta sobre el estado de la venta de unos muebles, lo que le quedaba después de la venta de la casa de Sonia. “¿Te fijaste cuánto vas a pedir? Mirá con la moto y 2 mil compramos un auto. Dictaminamos que este mes hay que comprarlo sí o sí. Entendés, porque no se puede terminar sin auto el año. Vos tenías un auto y se vendió”. Sonia responde que hará lo posible para cumplir el objetivo de la pareja. “Tenés que agarrar un trabajo para llegar, pero si vos no lo crees se nos pasa el mes”, remata Olivera.

Alan fue uno de los vecinos de la familia Molina que conoció a Olivera. “Él entró muy canchero a mi casa, con un maletín. Supuestamente era pastor y productor musical y venía a verme”, recuerda. Le propuso instalar un estudio de grabación en Río Colorado. “El problema era que yo tenía que poner la plata. ‘Es una inversión a futuro, después vas a ver los frutos’, me decía”, cuenta el joven. “Lo terminé echando porque sentí que me estaba cargando. Ahora entiendo porqué no estaba interesado en mi música”.

Publicado en diario Perfil.